La desobediencia civil como garante del contrato social y la justicia: una visión a partir de John Rawls

John Rawls en “La justificación de la desobediencia civil”, que se encuentra dentro de la compilación Justicia como equidad, fundamenta la desobediencia civil dentro de un régimen democrático constitucional con el fin de mostrar qué condiciones tendría que seguir el ciudadano a la hora de oponerse de forma adecuada a la autoridad que se ha establecido legalmente en la sociedad. Para mostrarnos todo lo anterior, primero expone cómo surge dicha sociedad siguiendo la tradición contractualista de autores como Hobbes, Locke o Rousseau aunque plantea su propia doctrina del contrato social.

Al igual que sus antecesores en la corriente contractualista, Rawls expone una hipotética posición original donde “las personas tienen iguales poderes y derechos”[1], la misma libertad. Este hecho permitiría a todos aquellos que se encuentren en dicha situación imaginaria establecer los arreglos sociales –las instituciones– y los principios de justicia que asignan y aseguran los derechos y libertades. A partir de ahí, según el autor, todos los acuerdos entre los hombres serán considerados justos o injustos según estén o no establecidos en relación con los principios elegidos en la posición original. Todo esto nos proporciona una base satisfactoria a la hora de establecernos en sociedad. La pregunta que podríamos hacernos es ¿qué garantiza que lleguemos a un acuerdo –establecer el contrato social– en ese supuesto?

En palabras del filósofo,

[…] las partes no conocen su posición pretérita, presente o futura en la sociedad; ni saben qué instituciones existen. Tampoco conocen el lugar que ellas mismas ocupan en la distribución de talentos y aptitudes naturales, si son inteligentes o fuertes, hombres o mujeres, etc. Finalmente, no conocen sus propios intereses y preferencias particulares ni el sistema de fines que desean promover: no saben cuál es su concepción del bien. En todos estos puntos las partes se encuentran frente a un velo de ignorancia que impide que ninguna de ellas sea capaz de aprovecharse de su buena suerte o de sus intereses particulares o se vea perjudicada por ellos.[2]

Gracias al acuerdo establecido en esa posición original se promoverían dos principios que asignarían derechos y deberes y que regularían las cuotas distributivas que determinen las instituciones fundamentales, a saber: toda persona tiene el mismo derecho a la libertad y en el caso de que hubiera desigualdades económicas promovidas o definidas por dichas administraciones, tendrían que ser en provecho de todos y cualquiera estaría en la posición de acceder a los diferentes cargos[3].

Todo el proceso que garantiza el contrato social sostiene que “los hombres han de ponerse de acuerdo sobre los principios de justicia en la posición original. A continuación han de avanzar hacia una convención constitucional en la que eligen una constitución que satisfaga los principios de justicia ya elegidos. Finalmente, asumen el papel de un cuerpo legislativo y guiados por los principios de justicia promulgan leyes sujetas a las restricciones y procedimientos de la constitución justa”[4].

Gracias a ese contrato, según Rawls, se podrán caracterizar las leyes y las políticas justas como todas aquellas que se han establecido si el proceso anterior se ha llevado a cabo correctamente. Sin embargo, el autor es consciente que se puede dar el caso en el que el proceso no se configure adecuadamente y, por tanto, no se garantice que la legislación promovida sea justa y eficaz aunque se haya realizado de acuerdo a la opinión de la mayoría:

La  justicia de la constitución no asegura la justicia de las leyes estatuidas bajo ella; y aunque a menudo tenemos tanto una obligación como un deber de observar lo legislado por la mayoría (en la medida en que ellos no sobrepase ciertos límites), no hay, por supuesto, una obligación o un deber correspondiente de considerar justo aquello que la mayoría estatuye. El derecho a hacer leyes no garantiza que la decisión se tomará rectamente; y aunque el ciudadano se someta en su conducta al juicio de la autoridad democrática, no somete su juicio a ella. Y si a su juicio lo establecido por la mayoría sobrepasa ciertos límites de injusticia, el ciudadano puede pensar en la desobediencia.[5]

Es decir, cuando se da esta problemática entra en juego la desobediencia civil. ¿Qué entiende Rawls por ésta? Un acto público, no violento y hecho en conciencia, contrario a la ley y habitualmente realizado con la intención de producir un cambio en las políticas o en las leyes del gobierno. Además, es una acción que lleva consigo la aceptación del castigo por aquellos que la realizan. Es un acto político justificado por principios morales que definen una concepción de la sociedad civil y del bien público. Es decir, todo aquel que realice una acción de desobediencia civil lo hará por convicción política y no por buscar su propio interés o el de un determinado grupo.

Esa convicción política se basa en una idea de régimen democrático en el que hay una concepción de justicia común, tal como surge del contrato social, que regula los asuntos públicos y permite interpretar la Constitución por parte de los ciudadanos. Si aceptamos esta noción, la desobediencia civil está justifica porque con ella se muestran las deficiencias que hay y que no respetan las condiciones de cooperación social. Si se violan los principios de justicia se coartan los lazos comunitarios y se invita a la sumisión y resistencia violenta, para evitar esto la minoría que realiza la desobediencia civil insta a la mayoría a considerar sus actos para continuar bajo el estado de cooperación y principio de justicia, y no bajo uno de desgobierno y desorden.

Además, expone que la desobediencia civil también se puede entender en relación con la ley, y no solo en conexión con el principio de justicia. De esta forma, tal como se exponía en la definición de ‘desobediencia civil’, se acepta el castigo y el arresto. ¿Cómo se representa entonces este tipo de desobediencia? Para Rawls, desobedecer la ley implica que se realice dentro de los propios límites de la legislación, esto supone que también su acción va dirigida al principio de justicia. Actuar a la luz del día y aceptar las consecuencias jurídicas son sus requisitos.

Una vez visto en qué consiste la desobediencia civil, cabe preguntarse cuál es la justificación precisa que nos permite realizar dicho acto. Rawls expone que un ciudadano en un régimen democrático constitucional tiene derecho a ella cuando se cumplen tres condiciones[6], a saber: cuando, a pesar de un largo periodo de tiempo y con las protestas políticas pertinentes, se sigue siendo objeto de injusticias; cuando se violan nuestras libertades con motivos injustos; y cuando aceptemos que otros pueden hacer uso de dicha acción en sus protestas.

En resumen, Rawls expone una teoría contractualista donde las instituciones sociales y las leyes se han creado de acuerdo a un principio de justicia establecido en una posición original donde todos los contratantes parten en las mismas condiciones de derechos y deberes, de libertad. Solo en el caso en que el ciudadano piense que se está violando la justicia de las leyes, que las instituciones estén actuando de forma injusta, podrá hacer uso de la desobediencia civil para reencauzar dicha legislación y que se ajuste, de nuevo, al principio de justicia.

Notas:

[1] RAWLS, John. Justicia como equidad. Madrid: Tecnos, 1999. Página 159.

[2] Ibíd., p. 160.

[3] Ibíd., p. 160

[4] Ibíd., p. 161.

[5] Ibíd., p. 162.

[6] Ibíd., p. 167.

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