Derecho al olvido: una aproximación

Contextualización del «derecho al olvido»

En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial, como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías, a la hora de compartir numerosos datos de carácter personal. Este hecho hace que la intimidad de la persona pueda ser violada y que, por tanto, el art. 18. 4 de la Constitución Española tenga unos ciertos límites, a saber:

[…] la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.[1]

Es decir, el ciudadano tiene el derecho a garantizar y proteger sus datos personales en el mundo digital (redes sociales, motores de búsqueda, noticias, etc.). Sin embargo, para ello no se cuenta con una legislación específica pues la normativa actual en nuestro ordenamiento jurídico queda reflejada en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal[2] y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos[3]. Esta regulación, a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE en adelante), del 13 de mayo de 2014[4], conocida como «Caso Google», hace cada día mayor hincapié en garantizar la protección de datos de los ciudadanos, siempre que se cumplan unas determinadas condiciones o criterios[5], hasta el punto de que las solicitudes por parte de los usuarios en relación al «derecho al olvido» enviadas a un buscador como Google solo en España ascienden a 51656[6] a día 10/12/2016.

A partir de aquí, se puede decir que “en su decisión del 13 de mayo de 2014, el TJUE aclaró la cuestión de la aplicación de la legislación de protección de datos a los motores de búsqueda. Concluyó que los usuarios pueden solicitar a los motores de búsqueda, en determinadas condiciones, que eliminen determinados enlaces a información que afecte a su privacidad de los resultados de búsquedas realizados con su nombre”[7].

Conceptualización del «derecho al olvido»

El nacimiento del «derecho al olvido» surge como un derecho derivado del derecho fundamental a la libertad informática en el mundo digital, y concretamente a Internet, ya que posibilita una memoria absoluta y una universalización de los datos allí recogidos y almacenados. A partir de este hecho,

El derecho al olvido encuentra su contenido en el necesario equilibrio entre la libertad informática y el derecho a la identidad, y el cumplimiento de las distintas finalidades que se pueden llevar a cabo a través del tratamiento de datos, entre ellas, la finalidad de información.[8]

A partir de aquí, según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), podemos entender el «derecho al olvido» como «la manifestación de los tradicionales derechos de y (sic.) cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet»[9].

Es decir, y entrando más en detalle en el significado del «derecho al olvido», éste

supone la posibilidad de que el titular de datos personales que se encuentran en la red pueda eliminarlos, ya sea porque se revoca el consentimiento previamente prestado, porque los datos ya no son pertinentes para los fines para los que fueron recabados y tratados, o por cualesquiera otras causas justificadas que den lugar a que prevalezca este derecho al olvido sobre otros principios que pueden estar en juego. Es por tanto un derecho que requiere de una acción por parte del interesado derivada de su voluntad en que dichos datos sean suprimidos y dejen de existir en Internet. Acción que supone una reclamación al responsable del tratamiento de esos datos concretos y que tendrá como consecuencia el deber de éste de eliminarlos de manera que no vuelvan a ser accesibles y desaparezcan de la red, permitiendo así dejar atrás ese temido efecto de perdurabilidad y universalidad de los datos que provoca su existencia en Internet, e impidiendo que esto afecte a la vida presente o futura del titular.[10]

Por último, hay que tener en cuenta que el TJUE declara «que este derecho se deriva de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en aplicación del artículo 12(b) y el subapartado (a) del primer apartado del artículo 14 de la Directiva 95/46/CE»[11].

¿Cómo se ejerce el «derecho al olvido»?

Como ya hemos visto, la legislación española relativa al «derecho al olvido» queda recogida en Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y a partir de la sentencia del TJUE, de 13 de mayo de 2014.

Teniendo en cuenta estas normativas y sentencia, el ciudadano, según la AEPD, tendrá que tener en cuenta que

La legislación española establece que para ejercer los derechos de cancelación y oposición (y, por tanto, el ‘derecho al olvido’) es imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando sus datos, en este caso al buscador. Los buscadores mayoritarios han habilitado sus propios formularios (Google, Bing o Yahoo) para recibir las peticiones de ejercicio de derechos en este ámbito. Si la entidad no responde a la petición realizada o el ciudadano considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede solicitar que la Agencia Española de Protección de Datos tutele su derecho frente al responsable. En función de las circunstancias de cada caso concreto, la Agencia determinará si lo estima o no. Esta decisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante los Tribunales.[12]

Además, para poder ejercerlo, se debe cumplir una serie de criterios[13], a saber:

  1. ¿Guarda relación el resultado de la búsqueda con una persona física –es decir, un individuo–? Y el resultado de la búsqueda, ¿se produce al efectuar una búsqueda sobre el nombre del interesado?
  2. ¿Desempeña el interesado algún papel en la vida pública? ¿Es el interesado una figura pública?
  3. ¿El interesado es un menor?
  4. ¿Son exactos los datos?
  5. ¿Son los datos relevantes y no excesivos?
    1. ¿Guardan relación los datos con la vida laboral del interesado?
    2. ¿Enlaza el resultado de la búsqueda con información que sea excesiva o que supuestamente constituya incitación al odio/difamación/libelo o delitos similares en la esfera de la libertad de expresión contra el reclamante?
    3. ¿Resulta evidente que los datos reflejan la opinión personal de un individuo o parecen ser un hecho probado?
  6. ¿En sensible la información en el sentido del artículo 8 de la Directiva 95/46/CE?
  7. ¿Están actualizados los datos? ¿Se están haciendo públicos los datos durante más tiempo del necesario en relación con el propósito de tratamiento?
  8. ¿Está causando un perjuicio al interesado el tratamiento de los datos? ¿Afectan los datos de manera desproporcionalmente negativa a la intimidad del interesado?
  9. ¿El resultado de la búsqueda enlaza con la información que pone en riesgo al interesado?
  10. ¿En qué contexto se publicó la información?
    1. ¿El interesado hizo público de forma voluntaria el contenido?
    2. ¿Estaba previsto que el contenido se hiciese público? ¿Podía haber sabido el interesado razonablemente que el contenido se haría público?
  11. ¿Se publicó el contenido original en un contexto periodístico?
  12. ¿Tiene potestad legal el editor de los datos –u obligación legal– de poner los datos a disposición pública?
  13. ¿Tienen relación los datos con una infracción penal?

Por último, y para garantizar este acceso, los distintos buscadores como Google han puesto a disposición del usuario un formulario concreto para que se pueda solicitar el «derecho al olvido»: Solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la normativa de protección de datos europea[14].

Notas

[1] TABERNERO MARTÍN, Silvia. El derecho al olvido [en línea]. Batuecas Caletrío, Alfredo (director). Trabajo Fin de Grado. Universidad de Salamanca, 2014. [Consulta: 8 diciembre 2016]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10366/123843>, p. 3.

[2] BOE núm. 298 de 14 de diciembre de 1999.

[3] BOE núm. 17 de 19 de enero de 2008.

[4] Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014 [en línea]. [Consulta: 10 diciembre 2016]. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=ES>.

[5] Véase apartado 3.

[6] Google Inc. Solicitudes de privacidad en Europa relativas a la retirada de resultados de búsqueda [en línea]. Informe de transparencia [Consulta: 10 diciembre 2016]. Disponible en: <https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/>.

[7] Agencia Española de Protección de Datos. Listado de criterios comunes para la tramitación de quejas por parte de las Autoridades europeas de protección de datos [en línea]. [Consulta: 10 diciembre 2016]. Disponible en: <http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/common/Criterios_GT29_wp225.pdf>.

[8] TABERNERO MARTÍN, Silvia. Op. Cit., p. 12

[9] Agencia Española de Protección de Datos. Derecho al olvido [en línea]. Agencia Española de Protección de Datos, 2014 [Consulta: 8 diciembre 2016]. Disponible en: <http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php>.

[10] TABERNERO MARTÍN, Silvia. Op. Cit., p. 13.

[11] Agencia Española de Protección de Datos. Listado de criterios comunes… Op. Cit.

[12] Agencia Española de Protección de Datos. Derecho al olvido [en línea]. Op. Cit.

[13] Agencia Española de Protección de Datos. Listado de criterios comunes… Op. Cit.

[14] Google Inc. Solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la normativa de protección de datos europea [en línea]. [Consulta: 10 diciembre 2016]. Disponible en: <https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch>.

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