Contextualización del «derecho al olvido»
En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial, como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías, a la hora de compartir numerosos datos de carácter personal. Este hecho hace que la intimidad de la persona pueda ser violada y que, por tanto, el art. 18. 4 de la Constitución Española tenga unos ciertos límites, a saber:
[…] la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.[1]
Es decir, el ciudadano tiene el derecho a garantizar y proteger sus datos personales en el mundo digital (redes sociales, motores de búsqueda, noticias, etc.). Sin embargo, para ello no se cuenta con una legislación específica pues la normativa actual en nuestro ordenamiento jurídico queda reflejada en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal[2] y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos[3]. Esta regulación, a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE en adelante), del 13 de mayo de 2014[4], conocida como «Caso Google», hace cada día mayor hincapié en garantizar la protección de datos de los ciudadanos, siempre que se cumplan unas determinadas condiciones o criterios[5], hasta el punto de que las solicitudes por parte de los usuarios en relación al «derecho al olvido» enviadas a un buscador como Google solo en España ascienden a 51656[6] a día 10/12/2016.
A partir de aquí, se puede decir que “en su decisión del 13 de mayo de 2014, el TJUE aclaró la cuestión de la aplicación de la legislación de protección de datos a los motores de búsqueda. Concluyó que los usuarios pueden solicitar a los motores de búsqueda, en determinadas condiciones, que eliminen determinados enlaces a información que afecte a su privacidad de los resultados de búsquedas realizados con su nombre”[7].
